El abogado general de la UE coincide con Llarena: Bélgica no puede rechazar las eurordenes por temor a violar los derechos de los líderes independentistas


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El dictamen no vinculante consideraba que si no existían deficiencias sistémicas en España, los magistrados de otro país no podían denegar la entrega alegando que el tribunal emisor no tenía competencia para perseguir y que el Tribunal Supremo podía exigir la devolución de Lluis Puig.

Juez Pablo Llarena.
Juez Pablo Llarena.EFE

El Fiscal General de UE ha dado la razón al Magistrado este jueves pablo larena en caso de que afecte orden europea emitida para él Corte Suprema por favor sí Bélgica deshacerse del ex consultorluis puig. Una autoridad judicial no puede negarse a ejecutar una Orden de Detención Europea sobre la base de un «riesgo de vulnerar el derecho a un juicio justo de la persona buscada», al menos si la existencia de «deficiencias sistémicas o generales que afecten al sistema judicial de la Estado miembro». Es decir, Bélgica no puede seguir negando la entrega del ex consultorporque si no hay tales defectos y no se prueba en el caso de Españaconsiderado un Estado de la Unión de pleno derecho, «la denegación de la ejecución no puede basarse en el argumento de que el tribunal emisor carece de jurisdicción para dictar esa orden y enjuiciar a la persona buscada».

Por todo ello, además, Llarena puede volver a dictar una orden de detención y entrega, ya que no hay ni debe haber restricciones y está plenamente justificado cuando el tribunal de ejecución ha incumplido el derecho comunitario, como sería el caso en este caso Este es el razonamiento que se desprende de las conclusiones presentadas hoy por el Fiscal General francés, Ricardo de Latour. Las conclusiones no son vinculantes y la decisión final depende de los jueces del TJUE, que se pronunciarán en unos meses. Pueden ignorar por completo este análisis o seguirlo, algo que sucede aproximadamente el 80% del tiempo.

El caso se remonta al año pasado, cuando, tras otra negativa de los tribunales belgas a entregar los solicitados por la justicia española, el magistrado Pablo Llarena optó por referirse a luxemburgo a conjunto de preguntas preliminares. Los jueces belgas se han negado a entregarse por una variedad de razones desde 2017, tal como lo hicieron los jueces en Bélgica por sus propias razones. Alemania, suizo o incluso Italia, recientemente. Sin embargo, el caso de Luis Puig es diferente al de Carlos Puigdemont, tony común Y clara ponsat, ya que no estaba en el censo electoral y no se convirtió en eurodiputado. El juicio de estos tres en el tribunal de Bruselas está en suspenso hasta que se resuelva definitivamente su situación, es decir, si pueden o no ser extraditados como último recurso o si gozan de inmunidad parlamentaria, ya que la cuestión de la solicitud de levantamiento aún está en curso.

En 2021, los magistrados negaron la entrega y el Tribunal Supremo de España solicitó Palacio de justicia que aclara y define cuáles son las limitaciones de un orden de detención europea (ODE) y bajo qué condiciones pueden ser rechazados. Los belgas rechazaron la entrega porque creían que la autoridad judicial competente investigaría los cargos contra Puig Gordi no un tribunal supremo, sino un tribunal catalán. No solo eso, creen que su entrega atentaría contra derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Por tanto, Llarena preguntó si la legislación de la UE otorga a la autoridad de ejecución la facultad de controlar la competencia de la autoridad de emisión. La pregunta tiene una carga muy profunda. No es un caso sin más. La decisión marco que regula las eurordenes no otorga ningún poder de control al estado que ha de ejecutarla, ya que la base misma de todo es el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. Y si Bélgica usurpa ese poder, Larena cree que todo el sistema se verá socavado.

«profunda ignorancia»

En su argumentación, Llarena, que ha recibido innumerables golpes por parte de los tribunales continentales, acusó a las autoridades belgas de un «profundo desconocimiento de la estructura jurisdiccional española», pues en sus sentencias hablan de Tribunal Supremo de Cataluña, por ejemplo, esto no existe. Por otro lado, Larena quiere cerrar todas las puertas abiertas por la defensa y por eso también pregunta si un equipo de trabajo informa «fuera del sistema de Las Naciones Unidas«, representa, como dice la defensa, «un elemento fiable, exacto, objetivo y debidamente actualizado para justificar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, la denegación de su extradición en razón de un riesgo grave». de vulneración de sus derechos fundamentales”.

En las opiniones presentadas hoy, el Abogado General francés sugiere que el Tribunal de Justicia responda, en primer lugar, que la Decisión marco no permite que una autoridad judicial deniegue la ejecución de una orden europea basándose en un motivo para denegar la orden. previstas en su legislación nacional, pero no están previstas en la presente Decisión Marco. Según el letrado, aunque el TJUE ha ampliado los supuestos en los que procede denegar la ejecución de una orden de detención europea más allá de las causales de no ejecución expresamente previstas en la Decisión Marco, “siempre ha basado su razonamiento en la disposiciones de la Decisión Marco. Por tanto, no puede admitirse un motivo de denegación de la ejecución previsto en la legislación nacional de un Estado miembro que no se base en una disposición de la presente Decisión».

Un juez de cualquier país puede denegar la entrega si «tiene motivos fundados para creer que esto supondría una violación de los derechos fundamentales de la persona en cuestión», pero para hacerlo debe seguir la jurisprudencia del Tribunal de la UE, que “determina las condiciones. En consecuencia, una autoridad judicial de ejecución no puede invocar tal disposición para denegar necesaria y automáticamente la ejecución de una ODE en caso de presunta violación de los derechos fundamentales de la persona. de qué se trata’, que es lo que hizo la defensa de Puig.

El segundo punto del razonamiento del abogado es que, por lo tanto, la autoridad judicial de ejecución no es una autoridad para controlar si la autoridad judicial emisora ​​es competente para dictar una orden europea. Bélgica no puede decirle a España que el Tribunal Supremo no es el órgano adecuado y que un tribunal catalán debería haberse ocupado de ello. “Permitir tal control sería contrario al principio de autonomía procesal, según el cual los Estados miembros pueden determinar en su legislación nacional la autoridad judicial competente para dictar órdenes de detención, y al principio de reconocimiento mutuo, piedra angular de la cooperación judicial en materia penal. “en virtud de la cual la ejecución de la ODE constituye la regla, mientras que la negativa a ejecutarla se concibe como una excepción que debe ser objeto de estricta interpretación”, afirma en claro apoyo a la tesis de Llarena.

Finalmente, en su valoración de hoy, el experto francés también dice que Bélgica tampoco puede rechazar la solicitud del Tribunal Supremo cuando no dispone de elementos que «permitan demostrarla mediante una valoración global basada en datos objetivos, fiables, exactos y debidamente actualizados». datos, la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a las garantías judiciales ante un juez, establecido de antemano por la ley, que está garantizado en el artículo 47, segundo párrafo del Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europeadebido a deficiencias sistémicas o generales en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro de emisión».

Solo ayer Comisión Europea publica el tuyo Tercer Informe sobre el Estado de Derechodado que España cumple totalmente con los estándares europeos. El Abogado General considera que, cuando no existan tales deficiencias, «la autoridad judicial de ejecución no puede dudar de que, a través de los recursos legales disponibles en el Estado miembro de emisión, el interesado podrá obtener una declaración y, en su caso, rectificar o sancionar una posible vulneración de su derecho fundamental a las garantías judiciales ante un tribunal previamente establecido por la ley”, señala el comunicado del máximo tribunal comunitario. Los demandados tienen recursos disponibles en el Estado miembro de emisión a efectos de control hasta el nivel de Corte Constitucionalla observancia de este derecho fundamental, dice el documento.

Por último, y algo que podría ser clave si el Tribunal de Justicia de la UE le confirma a finales de año cuando publique su veredicto, las conclusiones del abogado francés reiteran que el Tribunal Supremo español puede dictar un nuevo auto contra Puig, dirigida a la misma autoridad judicial belga, esta última denegó la ejecución infringiendo el Derecho de la Unión «después de haber comprobado si la emisión de esta nueva ODE era proporcionada». Imponer un límite al número de eurodens que pueden ser puestos en libertad “supondría poner en entredicho la eficacia del sistema de cooperación judicial y debilitar los esfuerzos encaminados a sancionar eficazmente las violaciones en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia”, concluye.

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